Más de medio millón de inmigrantes corren el riesgo de ser deportados, luego que la Cortes Suprema de Estados Unidos decidiera permitirle a la administración de Donald Trump revocar el parole humanitario a personas provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
El permiso humanitario, aprobado durante la gestión de Joe Biden en 2022 y ampliado en 2023, mediante la Ley de Inmigración y Nacionalidad, les otorgó residencia y permiso temporal de trabajo a más de 530.000 personas.
El fallo de este 30 de mayo, suspende una orden previa de un juez federal, que le impedía al Gobierno de Trump poner fin a este programa.
Se conoció que abogados de algunos inmigrantes advirtieron a la Corte Suprema que la cancelación a del programa “causaría un inmenso sufrimiento humano innecesario”.
Los abogados, en un escrito, explicaron que todos los inmigrantes “siguieron la ley y las reglas del gobierno de Estados Unidos, y están aquí para reunirse con sus familias y/o escapar, aunque sea temporalmente, de la inestabilidad, los peligros y las privaciones de sus países de origen”.
Los demandantes señalaron que, de perder el estatus, las inmigrantes “serían separados de sus familias y quedarían inmediatamente sujetos a deportación acelerada a los mismos países despóticos e inestables de los que huyeron, donde muchos enfrentarán graves riesgos de peligro, persecución e incluso muerte”.
De acuerdo con medios locales, sindicatos y comunidades que han recibido a los beneficiarios del parole, destacaron que los inmigrantes han cubierto vacantes en sectores claves como la salud, la construcción y la manufactura, lo por que la cancelación del programa “causaría graves daños económicos y sociales” al país.
